La Ley 35/2015 permite aplicar coeficientes estándar para el cálculo del lucro cesante. Sin embargo, en aquellos casos en que se solicite una indemnización superior por circunstancias particulares —como daños complejos, pérdidas económicas específicas o necesidades vitales—, se requiere un informe actuarial individualizado. Este tipo de informes deben ser elaborados y firmados por un actuario colegiado, conforme a las Bases Técnicas Actuariales del sistema de valoración, y son la vía reconocida para justificar cuantías por encima de los baremos generales, especialmente ante instancias judiciales o periciales.